El 31 de enero de 2020, el BIA emitió una decisión en materia de J.J. Rodríguez, 27 I&N, 762 de diciembre. El caso se refiere a procedimientos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, o MPP, que obligan a los solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales en condiciones peligrosas en México. En virtud de estos procedimientos, los solicitantes de asilo reciben fechas de corte en los Estados Unidos, como en San Diego, y luego se les lleva de vuelta a esperar en México. Se supone que deben presentarse en la frontera en esa fecha, momento en el que se les permitirá ingresar para la audiencia.
El juez de inmigración en materia de J.J. Rodríguez, evidentemente preocupado de que este acuerdo sea una privación de los derechos del debido proceso del individuo, se negó a ingresar una orden in absentia cuando el individuo no llegó a la audiencia judicial. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional apelaron esta decisión, y la Junta de Apelaciones de Inmigración estuvo de acuerdo. El impacto práctico de esta decisión puede ser limitado, ya que lo más probable es que los jueces ya hayan emitido órdenes in absentia cuando la gente no aparece en los casos bajo el MPP. Sin embargo, es otro recordatorio de la continua erosión del debido proceso y la completa falta de preocupación que tiene el sistema de tribunales de inmigración para que las personas tengan la mala suerte de quedar atrapados en él.
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